Con las detenciones de cuatro policías y un civil, y con allanamientos en las viviendas de 19 policías a los que se les secuestraron los teléfonos celulares, las autoridades aventaron un conato de presunta huelga policial que se estaba gestando a través de redes sociales. Esta actitud generó sorpresa, porque desde la semana pasada había conversaciones tendientes a tratar el tema salarial en la fuerza de seguridad, por lo que el mismo Gobernador, quien fue tajante al afirmar que no se va a permitir “que nadie, especialmente los que deben estar al servicio del pueblo, pretenda incitar a la violencia”, dijo que no sólo “irán presos los que atenten contra la democracia” sino que se expulsará de las filas policiales a quienes lo hagan.
El clima tenso se percibía en el marco incierto de las paritarias en la mayoría los sectores laborales, frente a un comienzo de año complejo al final del período estival y las vacaciones. En las diferentes provincias hubo algunas inquietudes salariales en las áreas de seguridad, con episodios de violencia, como ocurrió en Catamarca. Por ello hubo una reacción inmediata apenas se conocieron las comunicaciones por redes sociales. Uno de los detenidos, concretamente, había enviado mensajes haciendo alusión a “acuartelamiento”. El jefe de Policía pidió que investigue la División Telemática y esta rápidamente informó a la fiscala, la que gestionó las detenciones y los allanamientos. Los cabecillas de la aplacada revuelta serían acusados de instigación al delito.
Ayer en una extensa conferencia las autoridades del Gobierno y de la Policía se refirieron a esta emergencia y aludieron por un lado a la obligación de la fuerza de seguridad de cuidar a la población ya las instituciones y por otra parte hablaron de cómo están trabajando el jefe y el subjefe de Policía en busca de tratar la cuestión salarial policial. El gobernador destacó la variedad de las tareas habituales de los empleados policiales y de las nuevas ocupaciones, como las labores en el marco de la ley de narcomenudeo. También se refirió a las complejidades de la negociación paritaria en este contexto de virulencia inflacionaria y de incertidumbre en cuanto a la relación de las provincias con la Nación.
Se sabe que la situación salarial de los agentes policiales es dura. Los opositores políticos han hecho hincapié en que el Gobierno “no puede desconocer los paupérrimos sueldos que cobran quienes están al servicio de la sociedad” y uno de ellos incluso dijo que propuso que se cree una Defensoría del Policía “para que les brinde es protección, resguardo y defensa de sus derechos y garantías fundamentales”. No obstante, bien señaló el jefe de la fuerza de seguridad que reclamar por mejoras salariales no es delito, pero sí lo es generar caos realizando una huelga. En este sentido, bien fresca está en la memoria de los tucumanos la crisis generada en 2013 con los tres días de sedición policial, que derivaron en saqueos y muertes en una sociedad abandonada a su suerte, hechos que se están dilucidando desde hace meses en un largo juicio oral.
Bien ha dicho el funcionario que no había motivos para que se desatara un conflicto en medio de las conversaciones paritarias. Llamó la atención, además, que hubiera civiles involucrados y por ello corresponde que se investigue a fondo lo que ha sucedido y lo que sigue a continuación, a fin de evitar actos tendientes a generar crisis. También, que se ahonden las conversaciones para dar respuestas en el marco de la promesa del mismo jefe de que “será un buen arreglo para todos los uniformados”. Lo que no se puede permitir es que la provincia quede sin servicios de seguridad y que sobrevenga el caos.